El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, señaló ante la Cámara de Diputados que las presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios electorales se originaron en administraciones anteriores y forman parte de un problema estructural que permitió la concentración de contratos millonarios en un reducido grupo de proveedores.
Durante su comparecencia de este viernes 30 de octubre, el funcionario informó que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante mecanismos que habrían limitado la competencia y favorecido la adjudicación de recursos públicos.
Carvente Contreras explicó que las investigaciones identificaron posibles vínculos entre accionistas y representantes legales de las compañías involucradas, lo que habría facilitado la simulación de competencia en procedimientos de contratación relacionados con la producción y adquisición de materiales electorales.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, con contratos por aproximadamente mil 72.9 millones de pesos; Formas Finas y Materiales, con 816 millones; Corporativo ZEG, con 278.7 millones; Comercializadora JVLY, con 208.4 millones, y Seriplast de México, con 85.1 millones de pesos.
De acuerdo con el contralor, las investigaciones también detectaron posibles sobreprecios que, en determinados casos, habrían alcanzado hasta 88 veces el valor de referencia de algunos materiales, particularmente en contrataciones realizadas entre 2021 y 2024.
El funcionario sostuvo que las anomalías no pueden atribuirse exclusivamente a una administración reciente, debido a que los mecanismos de contratación cuestionados se desarrollaron durante varios años y atravesaron distintas gestiones del organismo electoral.
En ese contexto, explicó que la revisión de los procedimientos busca determinar tanto la posible responsabilidad de servidores públicos como la participación de proveedores en prácticas que pudieron afectar la transparencia, la competencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
Ante los legisladores, Carvente Contreras informó que el OIC mantiene abiertos 18 expedientes relacionados con presuntas irregularidades administrativas. De ellos, 13 continúan en etapa de investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa por posibles faltas graves, entre las que se encuentran conflictos de interés.
Durante la comparecencia, diputados cuestionaron la actuación del órgano fiscalizador y la oportunidad con la que se emprendieron las investigaciones, particularmente porque algunas de las prácticas señaladas se habrían desarrollado durante varios ejercicios presupuestales.
El contralor explicó que el Órgano Interno de Control participa en la Junta General Ejecutiva del INE con derecho a voz, pero sin voto, por lo que no tiene facultades para aprobar directamente las contrataciones realizadas por las áreas administrativas del instituto.
Asimismo, señaló que el organismo fiscalizador tuvo conocimiento de posibles irregularidades desde mayo de 2025, lo que abrió cuestionamientos sobre los tiempos de revisión, la integración de expedientes y las medidas adoptadas para impedir que continuaran las prácticas investigadas.
Las observaciones presentadas ante la Cámara de Diputados se producen en medio de una revisión de los mecanismos administrativos del INE y de los procedimientos utilizados para contratar servicios, adquirir materiales y ejercer recursos públicos destinados a la organización de elecciones.
Los señalamientos del contralor colocan bajo revisión un modelo de contratación que, según las investigaciones expuestas, habría permitido que un pequeño grupo de empresas mantuviera una participación significativa en el suministro de materiales electorales durante más de una década.
Hasta el momento, las investigaciones administrativas continúan abiertas y corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron actos de corrupción, responsabilidades individuales o daños al patrimonio público.
La comparecencia también dejó pendiente esclarecer qué funcionarios participaron en las contrataciones cuestionadas, cuáles fueron los mecanismos que permitieron su continuidad durante distintas administraciones y qué medidas se adoptarán para evitar nuevas irregularidades en el manejo de los recursos del Instituto Nacional Electoral.
